El conjunto de la propuesta que ha elaborado el Gobierno de Canarias es adecuado y creemos que entra de lleno en una buena parte de los principales problemas que tiene la planificación del territorio en el Archipiélago.

A nuestro juicio el principal problema es la lentitud en la elaboración y aprobación de los planes de urbanismo. Esta cuestión es incluso más grave que el de la complejidad y abundancia de normas urbanísticas, lo que algunos denominan la «maraña legislativa». Siendo este el principal inconveniente, creemos que la Ley del suelo lo aborda directamente y plantea por primera vez una posible solución, algo que ninguna otra propuesta legislativa anterior había ni siquiera intentado. De ahí que se pueda calificar a este proyecto de ley, de valiente y responsable. Creemos que con la aprobación definitiva de los planes urbanísticos por los ayuntamientos y cabildos y la eliminación de la obligatoriedad de las revisiones de los planes general de ordenación se conseguirá una agilización real. Las críticas que se oyen al respecto no ofrecen propuestas alternativas.

En cuanto a los espacios protegidos, no hay variaciones sustanciales con relación a la legislación vigente. Echamos de menos sin embargo que no se propongan nuevos espacios naturales protegidos, que en realidad los hay y muy interesantes, por ejemplo, la Marina de Arrecife, entre otros posibles. Esta es una buena oportunidad parar crearlos.

También es el momento político de plantearse una regulación más ágil de la gestión de los espacios naturales protegidos porque la pesadumbre administrativa de la regulación actual no mejora de por sí la protección.En cuanto al suelo rústico nos parece correcto que se admitan los llamados usos complementarios, ya que la rigidez anterior había contribuido en alguna medida al abandono de las tierras agrícolas, aunque existen también otros factores que lo explican. Sin embargo, consideramos que hay peligro de que se abra la puerta sin control a instalaciones de uso turístico. También es acertado favocerecer los proyectos de interés estratégico que antes estaban increíblemente tasados y convertían cualquier cambio inédito de la planificación en una batalla administrativa interminable.

Por otra parte, es importante que exista, en el estadio final de la aprobación, la intervención de la Comunidad Autónoma para asegurar que los planes previamente aprobados por los municipios y cabildos mantienen una coherencia supramunicipal y supra insular. Esta intervención podría estar dirigida a una evaluación ambiental estratégica o cualquier otra que no desvirtúe la capacidad de aprobación de los entidades administrativas locales. El órgano que lo dicte podría ser la COTMAC u otro similar más descargado de funciones. Es importante este medio de control, pues se asegura un requisito constitucional de competencia en materia de urbanismo de las Comunidades Autónomas, además de ejercer un control ante políticas urbanísticas provenientes de municipios o islas controladas por por el caciquismo, lo que está dentro de lo posible.

Apreciamos que se introduce el principio de «compensar por conservar», novedoso en la legislación canaria del territorio. Esto abre una posibilidad muy interesante que debe ser estimulada por el Gobierno de Canarias y por los Cabildos, ya que de lo contrario quedará como una buena idea que nunca se realizó.

Hay aspectos que pueden hacer posible o imposible que la nueva Ley del Suelo despliegue sus efectos beneficiosos, como organizar un mecanismo de asistencia interadministrativa eficaz, debido a que la mayoría de los municipios no son capaces de hacerse con su propia planificación. Sin embargo, los principios políticos de este mecanismo no están desarrollados en este proyecto de ley aparte de lo que parece una mera expresión de buenos deseos. Asimismo, en el sistema actual de planificación la principal fuente de demora no viene de la actuación del Gobierno de Canarias, sino de la actuación de los ayuntamientos.

En definitiva creemos que se trata de una valiosa iniciativa política que se plasma en un valiente proyecto legislativo, transformador y con muchas posibilidades de llegar a modificar la realidad de la planificación urbana y del territorio para su mejora.